Apenas hace unos días, una abogada defensora de un juez indefendible, recordó lo inadmisible de la crítica por parte de organizaciones y personas de la sociedad civil con las sentencias, pero mantengo mis trece y creo que la judicatura dominicana se está relajando. Lo reitero aunque, enganchados/as a doctrinólogos/as del derecho tradicional, me llamen penalista populista.
Algunas sentencias, en especial si se refieren a las violencias contra las mujeres, hablan por sí solas y la ciudadanía tiene derecho de cuestionarlas cuando considere que vulneran los derechos de las víctimas, sobre todo de las sobrevivientes.
Es notoria la desproporción de algunas sentencias dictadas en el marco de la resistencia sociocultural al tema de la discriminación de género, por hombres y mujeres que, nos queda desear, nunca tengan que esperar justicia para sus madres, hermanas, hijas, compañeras, amigas o a ellas mismas.
El 28 de agosto, otro tribunal colegiado se destapó con una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel, a Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán, quien el 17 de noviembre de 2010, infirió a su exesposa, Fiordaliza Fructuoso, 19 puñaladas porque si no es de él, no será de nadie, dejándola por muerta. Pero como no murió, los magistrados José Aníbal Madera Francisco y Eduardo de los Santos Rosario y la magistrada Josefina Guerrero, alegaron a favor de su decisión, que Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán no mató a Fiordaliza Fructuoso, quien, según ellos, a pesar de una perforación del pulmón y otras lesiones permanentes, bien puede restablecer su vida con normalidad.
Así de simple. No importa que de los seis años, apenas queden casi cuatro, y posiblemente menos en este sistema, que el frustrado feminicida llame aún desde la cárcel para advertirle que cuando salga, termina su trabajo, que ella haya manifestado su terror siempre frente al tribunal y sobre todo, que si no la mató, no fue porque la diligencia del crimen no fuera bien hecha, sino más bien, por un milagro.
En un país como el nuestro, donde cada día y medio se asesina a una mujer por razones de género, ninguna persona en la línea sancionadora de la administración de justicia, debe mostrar ignorancia frente a estos casos, complejos y difíciles. No pueden existir jueces y juezas que se resistan al tema y lo consideren irrelevante y no especializado. Cuando se tratan estas violencias, hay que conocer la perspectiva de género como una transversalidad permanente.
De lo contrario, habrá que incluir, junto a la incidencia y la impunidad, al Poder Judicial como parte del problema del feminicidio en República Dominicana.

