Las vías públicas están arrabalizadas y el tránsito en el Gran Santo Domingo es un verdadero caos, porque el populismo del oficialismo impide otorgar los poderes pertinentes a la Autoridad Metropolitana del Transporte para la organización de la circulación vehicular y el respeto a la ley de parte de conductores y choferes públicos.

Donde quiera se improvisa una ruta de guagua, de taxi o carro de concho, porque bajo el alegato de que “son padres de familia” se abrogan el derecho de adueñarse de vías que nos pertenecen a todos, bajo la mirada indiferente de las autoridades de Amet, que temen al insulto y hasta a posibles agresiones físicas en las que tengan que verse en la necesidad de usar su arma de fuego.

El incumplimiento de sus atribuciones legales conlleva al irrespeto de los ciudadanos hacia las autoridades de la Amet. Los agentes de Amet actúan como si acataran una orden de permisividad ante todo tipo de violaciones de la ley de tránsito. Raras veces ponen multa (multa que nadie paga) a un conductor infractor. Los miembros de Amet no suelen mandar a detener a conductores, por temor a que resulten ser funcionarios civiles o militares.

Inclusive simples parientes o amantes de funcionarios se creen con el derecho de agredir verbal y hasta físicamente a los miembros de Amet, como si fuesen pobres diablos que no valen nada ni tienen quien los defienda. Ojalá y el reciente altercado entre Richardson Sabá Núñez y la fiscal Sourelly Jáquez constituya un precedente positivo, ante el gesto de la dama de reconocer su error.

Las violaciones a la ley de tránsito forman parte de la cultura dominicana. Los miembros de los sindicatos de transporte público hacen y deshacen. Y todo el que ostenta un cargo se siente irrespetado al ser mandado a parar por un miembro de Amet ante la comisión de una infracción.

Si el gobierno dominicano no dota a la Amet del presupuesto económico que necesita para incrementar su personal, comprar vehículos, tecnologías de punta y, sobre todo, ofrece el respaldo moral que le haga recobrar su autoridad, aplicando la ley sin distinción de ningún tipo, es imposible organizar el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo