La crisis política en Venezuela se torna más escabrosa con la intervención del Poder Judicial para fijar los límites de la inmunidad legislativa. Mientras se discute la exclusión de la nación de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la renuencia del Gobierno de convocar a las elecciones y libertar a los presos políticos, el Tribunal Supremo eleva las tensiones con una decisión inoportuna, que solo echa más leña al fuego.
La intervención ha sido para justificar la detención del diputado opositor Gilber Caro, quien ha sido acusado de posesión ilegal de armas. Pero la defensa del parlamentario alega que desde el 11 de enero al diputado no se le han formulado cargos ni sometido a los tribunales, por lo que se trata de una violación de los derechos humanos.
En apoyo al Gobierno, el Poder Judicial, que ha anulado todas las leyes aprobadas contra el presidente Nicolás Maduro, ha vuelto a entrar en el debate político, dando de esa manera más municiones a quienes cuestionan el Estado venezolano.
El Nacional
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