Al omitir los nombres y no incluir en el expediente a los policías de Santo Domingo Este que protegían a una presunta red que explotaba sexualmente, el Ministerio Público hace un flaco servicio a la justicia y a la transparencia.
En la solicitud de medidas de coerción contra los integrantes de la alegada red no se identifican ni se citan las penalidades de los agentes, como se hace con los otros imputados.
Se decantó, tal vez para justificar la omisión, con decir que la investigación continúa abierta y pedir que el caso sea declarado complejo.
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Según el expediente los agentes recibían de mil hasta 10 mil pesos semanales, que se les descontaban a las mujeres de su trabajo, para garantizarle protección y libre desarrollo al negocio.
El Ministerio Público dice que esos policías también servían como espías en cuanto a informar sobre cualquier operativo que pudiera afectar el negocio.
La no mención e imputación de los agentes transmite un mensaje de un encubrimiento que ensombrece la imagen del sistema judicial.
Desconcierta que en medio de un proceso de consolidación del sistema institucional el Ministerio Público encubra a quienes infrinjan las leyes.
El Nacional
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