Como nada impide a la Procuraduría General de la República utilizar sus medios de defensa, se presta a conjeturas su advertencia de que buscará amparo contra las campañas para desacreditar los procesos judiciales.

Con la advertencia ¿acaso persigue intimidar o coartar el derecho de defensa de los imputados en escándalos de corrupción, entre los que figuran exministros de la gestión peledeísta del expresidente Danilo Medina, así como hermanos suyos?

Si las críticas a los acuerdos con implicados en casos de corrupción tienen, como dice, las características de ser financiados con recursos ilícitos, no tiene más que tomar medidas.

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Se supone que nada se lo impide. No se tiene por qué compartir acuerdos a que ha arribado el Ministerio Público como los arribados con los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña y varios involucrados en el escándalo de corrupción denominado Calamar ni en otros casos.

Si abogados y comunicadores consideran que el Ministerio Público negocia con la impunidad con las facilidades que concede a imputados con los que ha establecido acuerdos, esa es su opinión. Pura y simplemente.

La procuradora Miriam Germán y los titulares de la Pepca, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, tienen las leyes en sus manos para proceder cuando se incurre en algún tipo de violación. Pero si hay algún juicio que no se corresponde con la realidad no tienen más que hacer la debida aclaración.