En un país donde abundan la miseria y los miserables, mezclados en un extraño cambalache donde el dinero es lo único que los une, pero al mismo tiempo los separa.
La política es cosa de gente con dinero. Los pobres sólo tienen derecho a elegir a los ricos, jamás a ser elegidos.
El dirigente o militante del PRD que no tenga mucho dinero no puede ser candidato. Tiene que pagar una cuota de dinero que no tiene, a menos que lo consiga con el narcotráfico. Ahora el que no tiene un millón 500 mil pesos no puede inscribir una candidatura presidencial, según acordaron los miembros de la Comisión que organiza la Convención donde se elegirá el candidato presidencial del PRD.
Lo mismo sucede en las demás organizaciones. Una ley rigurosa debería regular la materia. La ley de partidos políticos regulará el uso del dinero. (Como Santo Tomás, lo creeré cuando lo vea)
Lo ideal es que un candidato no pueda gastar cuando quiera. Y que además tenga que ofrecer detalles rigurosos sobre la procedencia de esos recursos que, insisto, tienen que estar limitados para garantizar equidad y transparencia.
Como ciudadano tengo derecho a saber cuando gastado en el proceso electoral interno José Tomas Pérez, Danilo Medina, Franklin Almeyda, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño de Fernández, entre otros oficialistas. Tengo derecho a saber de dónde saca Freddy Pérez y Félix Bautista dinero para promover la reelección del presidente de la República. ¿De sus bolsillos?
Tengo derecho a saber cuántos millones ha gastado Miguel Vargas en las campañas electorales que ha participado en los últimos años. ¿La fortuna de este hombre es inagotable? De igual modo quisiera saber cuántos millones, muchos o pocos, ha gastado Hipólito Mejía.
Y lo qué es más importante: ¿De dónde sale el dinero de los políticos? ¿Quién o quiénes están financiando las campañas?
El dinero no puede ser un factor en la elección. El ganador no puede ser el que más dinero tenga. Una Convención no es una subasta o un mercado.

