El CONEP en forma quizás precipitada, se ha adelantado a mostrar sus cartas en enero para un debate que posiblemente inicie en septiembre. La reforma fiscal, sin importar si integral o de más parches, parece ser considerada como inevitable para la segunda mitad de este año, y su alcance no podrá ser medido hasta que sean despejadas algunas dudas de importancia. Resulta racional pensar que el CONEP busca definir, indistintamente del candidato que gane las elecciones, sus puntos de negociación desde algo no puramente tributario sino también extensible al Código Laboral y, por qué no, al Sistema de Seguridad Social. La pregunta es: ¿Tendrán éxito?

La forma en que se realizaría la modificación del Código Tributario está supeditada a lo que se decida en los próximos meses con el Fondo Monetario Internacional. Aunque se notado cierta ambivalencia a nivel oficial respecto de la continuidad del programa con el Fondo, dejarlo caer en la actual coyuntura representa un riesgo político significativo e inmediato, mientras que mantenerlo y realizar los ajustes que ya lucen improrrogables no surtiría efectos políticos palpables sino hasta luego de las elecciones.

Si el acuerdo con el FMI se mantiene, la posibilidad de reformas íntegras se reduce, ya que sería muy cuesta arriba para el Gobierno aventurar con nuevas estructuras tributarias cuando en esencia lo que necesita es satisfacer los números del FMI. Aún en el caso que se deje caer el acuerdo, la idea de una reforma íntegra seguiría siendo remota por la magnitud de los obstáculos políticos, y eso es algo que no debe escapar al conocimiento del CONEP.

Es probable que el CONEP esté desde ahora aceptando la derrota en la reforma fiscal a cambio de acelerar una posible reforma laboral. Aunque los números dados son algo exagerados y no se aplican en todas las industrias, la carga laboral en República Dominicana es elevada.

La cesantía es algo que imagino que el mismo CONEP sabe, va a ser innegociable. En la mayoría de los países donde no existe derecho a cesantía y preaviso existe un auxilio estatal por desempleo, algo que difícilmente el Estado dominicano esté en capacidad de asumir. Con derrotas probables en la reforma fiscal y el tema de la cesantía y el preaviso, parece ser finalmente que el objetivo de los empresarios sea obtener modificaciones en aspectos procesales del Código Laboral que dificulten o encarezcan las ejecuciones, y quizás una limitación sensible a la acumulación del pasivo laboral como resultado de desahucios o despidos injustificados, en adición a algunas garantías de flexibilización económica en el Sistema de Seguridad Social en el futuro. Que tan efectiva sea la estrategia, aún es dificil saberlo, pero los precedentes le juegan en contra.

Finalmente, y a sabiendas de que el grueso de su propuesta es poco probable que sea acogido dentro del corto plazo en el que posiblemente nos aboquemos a la reforma, el CONEP parece estar tratando de secuestrar el discurso político alrededor de una eventual reforma fiscal con el fin de lograr un compromiso de los candidatos, algo que es poco probable que obtengan cuando las palabras reforma fiscal son una especie de mala palabra política. Es por ello, que la campaña de los empresarios en gran medida me resulta inexplicable.