El Gobierno dominicano ha expresado contundentes verdades en el comunicado emitido ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que reitera su llamado a la comunidad internacional para que contribuya a crear un ambiente favorable a un diálogo interno en Haití, necesario para superar la actual crisis.

En ese documento se consigna que no existe una solución dominicana a la crisis haitiana y que el país reafirma su apego al principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, así como el respeto a la Carta Democrática Interamericana sobre el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro.

Otra gran verdad expresada por la Cancillería se refiere a que la crisis haitiana ha desbordado el marco institucional, por lo que un cambio de gobierno democrático que garantice estabilidad política requiere de un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo.

Antes de dar paso a “un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe”, que ayude a promover un pacto de gobernabilidad en Haití, como propone el Gobierno dominicano, se requiere esclarecer el asesinato del presidente Jovenel Moïse e identificar a sus autores y mandantes.

Los actores políticos, empresariales y de la sociedad civil que queden libre de pecado después de la exhaustiva investigación que realizan autoridades haitianas y agencias de otras naciones, tendrían calidad jurídica y moral para participar en ese propuesto ejercicio dialogante.

Es verdad, como se consigna en el documento de la Cancillería, que tras el asesinato del presidente Moïse se ha provocado un la crisis que desborda el marco institucional, pero mejor sería decir que ha causado un abismo de poder, sin instituciones ni gobernantes en calidad o capacidad para interactuar con la sociedad.

Se define como correcta, oportuna y firme la posición del Gobierno de acogerse al principio de no intervención, autodeterminación y advertir que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana, además de exhortar a la comunidad internacional a promover un diálogo político que ayude a restaurar la legitimidad democrática en Haití.

El compromiso del Estado dominicano ante la desbordante crisis haitiana se circunscribe a promover una política de buena vecindad y cooperación mutua, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad dependen de la democracia, un atributo social que desgraciadamente no tiene el vecino, lo que representa un motivo de preocupación para la parte oriental de la isla.