MADRID. AFP. El gobierno español, preocupado por la alta tasa de desempleo entre los inmigrantes, estudia medidas para evitar que los que se quedan sin trabajo pierdan también su permiso de residencia, después del fracaso del plan de retorno voluntario puesto en marcha por la crisis.

Cuando la economía española cayó en la recesión, hace dos años, el gobierno socialista apostó por los planes de retorno voluntario para tratar de reducir la masa de inmigrantes que perdían su trabajo.

El ejecutivo ya contaba con un plan de retorno para extranjeros en situación vulnerable, gestionado por algunas ONG que pagan el billete de avión a inmigrantes sobre todo ilegales y sin recursos.

En estos dos años han retornado unos 6.000.

A éste añadió otro, aprobado a finales de 2008, para que los inmigrantes legales que se quedaban sin trabajo pudieran regresar a sus países recibiendo en dos veces el subsidio por desempleo, que en España dura un máximo de dos años.

El gobierno esperaba en un primer momento que se acogieran unas 100.000 personas, pero ha tenido mucho menos éxito debido al poco capital que supone.

En dos años lo han solicitado unas 15.000 personas y se han marchado unas 5.000, según el ministerio de Trabajo.

«Ha sido un fracaso»: la cantidad que se cobra «no basta para comprar los billetes de vuelta, comprar una casa e instalarse o crear un pequeño negocio», dice de este programa Raúl Jiménez, portavoz de la ONG Rumiñahui.

Además, los beneficiados deben entregar el permiso de residencia al llegar al país de origen y no volver a España en tres años, lo que también desanima a muchos, añade.

«Los que se acogen es porque están en una situación desesperada», comenta, y propone vincularlo a un proyecto productivo, al igual que el plan «Bienvenido a casa» del gobierno ecuatoriano, que da ayudas a nacionales que quieren retornar.