La Fundación Progreso Seguridad Social y Salud consideró ayer preocupante el que se pretenda obligar a los empleados públicos afiliarse al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Considera que la iniciativa de afiliar a los servidores a la prestadora estatal es violatoria a las reglas de competencias en la Seguridad Social y la Constitución de la República.

Planteó que el Estado, por vía de consecuencia y mandato del mismo régimen legal, está compelido a promover la libre competencia en aquellas actividades en las que no se haya declarado titular y en que deban operar multiplicidad de agentes.

Consigna que esta promoción de libre competencia sugiere entre otras cosas, que se deben de tomar todas las medidas necesarias para evitar los efectos negativos de la posición dominante, como es la capacidad de un agente, en un mercado determinado, de actuar con independencia de los demás agentes y los consumidores.

“Tomando como referencia estas previsiones de carácter constitucional nos llama la atención la pretensión de los órganos estatales de seguridad social, de empeñarse en otorgar una posición dominante al Senasa, al pretender transferir en favor de este a todos los empleados públicos”, resalta la entidad.

Argumenta que esa situación pone a los servidores públicos en franca vulneración de los derechos que le son reconocidos, ya que les quita posibilidad de realizar la libre elección contemplada como uno de los principios de la ley.

Constitución

Destaca, además, que esa pretensión es contraria a los términos del artículo 219 de la Constitución de la República, el cual establece de manera meridiana que la iniciativa económica estatal debe de ser subsidiaria a la iniciativa privada y solo operar en aquellos aspectos en los que el actor privado no muestre interés, ni capacidad para prestar el servicio en las condiciones que la sociedad lo requiere.