Desechar el gasto público como instrumento para estimular la demanda de bienes y servicios en momento en que existe peligro del advenimiento de una nueva recesión económica mundial sería alejarse de la senda del crecimiento y la creación de empleos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), organismos crediticios multilaterales, han expresado su preocupación por los signos inequívocos de desaceleración de la economía mundial, especialmente en Europa y Estados Unidos, pero semejante actitud contrasta con su enfoque sobre reducción del gasto público en vísperas de recesión.

La crisis de la deuda en la llamada Eurozona está incidiendo en el crecimiento de la economía comunitaria. En efecto, los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los países de la Unión Europea (UE) se han reformulado recientemente al pasar de 2 al 1,6 por ciento durante el presente año 2011, así como de 1,7 a 1,1 por ciento para el próximo año 2012.

Resulta evidente la contradicción existente entre la UE y Estados Unidos para la aplicación de políticas públicas con miras a la reactivación de la economía. Los europeos se oponen a un incremento del gasto público como palanca de estímulo a la demanda interna, tal como lo concibe la Administración Obama.

Se recordará que durante la Gran Recesión (2008-2009) tanto el FMI como el BM estimularon el endeudamiento de los países para como palanca de estímulo a la reactivación de la economía interna. Pero desde el 2010, cuando afloró la recuperación de la economía mundial, se ha estado abogando por políticas fiscal y monetaria contractiva.

Una política fiscal anticíclica es aquella dirigida a estimular el crecimiento en momento en que hay factores adversos que limitan el aumento de la demanda de bienes y servicios en tiempo de crisis.

La UE está planteando la reducción del astronómico endeudamiento público generado por el desembolso de más de 800 mil millones de dólares a través del programa de rescate a países con asfixiantes tormentos presupuestales adoptando una rígida austeridad fiscal y adoptando medidas monetarias muy restrictivas, con alto costo social y político para los países afectados.

En Estados Unidos, tras el estallido de la crisis financiera de 2007 y la quiebra de centenares de instituciones bancarias arrastradas por la incapacidad de pago de millones de deudores para hacer frente a sus desacreditadas hipotecas subprime, el gobierno norteamericano destinó más de 1,3 billón de dólares para rescatar (con el dinero de los contribuyentes) a unos banqueros irresponsables y malversadores de fondos ajenos.

Y en economías subdesarrolladas como la dominicana- marcada por una notoria dependencia del ciclo productivo, comercial y financiero de Estados Unidos, hay que tener en cuenta el impacto dinamizador que suele tener la aplicación del estímulo fiscal para la reactivación de la demanda de bienes y servicios.

Lo importante es que haya control y calidad en el gasto público. Que tanto el gasto público como la inversión en la esfera social sean monitoreados sobre la base de lo consignado en la ejecución presupuestal.