Desde los inicios de las negociaciones (2003) con miras a la concertación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) los representantes norteamericanos rechazaron de manera directa toda proposición que tocara temas bautizados por Washington como sensibles.

Los temas preferidos por los negociadores estadounidenses fueron el comercio de productos y servicios, así como los que contenían normas de apoyo a las inversiones, protección de los derechos de propiedad intelectual, acceso a las contrataciones de los gobiernos y respeto a las leyes laborales y ambientales.

También regulaciones legales para mejorar la transparencia y solucionar las controversias que pudieran resultar del intercambio comercial entre los países miembros.

Las posiciones relativas a productos y temas como textiles, azúcar, subsidios agrícolas no fueron objeto de la debida negociación en el marco del CAFTA, aunque para las economías centroamericanas y la dominicana eran de vital interés para la captación de divisas vía la esfera del comercio exterior.

Las negociaciones fueron manejadas con celeridad. Estados Unidos condicionó tanto el contenido como la administración del tiempo. Su interés era que el ciclo de reuniones de trabajo no superara el año calendario.

Los debates se hicieron tras bambalinas, con poca difusión a la sociedad, con limitada participación de los sectores productivos, comercial, laboral y financiero de cada uno de los países centroamericanos.

Los temas favoritos de Estados Unidos, tales como acceso al merca do centroamericano de las manufacturas con niveles 0, mínimos de pago de impuestos aduanales, desregulación del sistema bancario, derechos de autor y patentes, entre otros, fueron los que primaron en las conclusiones finales.

El CAFTA nació con profundas lagunas y exclusiones temáticas que, necesariamente, seguirán profundizando las asimetrías existentes entre la poderosa economía norteamericana y las débiles economías centroamericanas, dentro de las cuales el sector agropecuario ha de considerarse como estratégico.

El sector agropecuario resulta clave para el desarrollo productivo subregional. Tómese en cuenta su importancia para el abasto alimenticio nacional y las posibilidades de industrialización para mayor valor agregado a los productos del campo a los fines de incrementar la oferta exportable de bienes.

La protección de productos agrícolas como papa, cebolla y arroz, así como lograr el acceso al mercado norteamericano para el azúcar, producto que tiene alta competitividad, resultaba de importancia estratégica para los países de la región. Para Estados Unidos ese asunto no podía ser negociado. Y así fue

En el caso de la República Dominicana, conviene tener en cuenta que originalmente el país no estaba comprendido dentro de los integrantes del CAFTA.

No fue sino a partir de noviembre del 2003, poco antes de terminar la novena y última ronda de negociaciones de los cinco países centroamericanos, cuando Washington aceptó el interés del gobierno dominicano de pasar a formar parte del citado acuerdo comercial.