El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue dando muestra de incoherencia en la formulación de propuestas fiscales a los países de la Unión Europea (UE) que atraviesan por una profunda y gravosa crisis de endeudamiento público, así como al conjunto de las economías subdesarrolladas, los cuales precisan de acceso a fuentes renovadas de financiamiento para atenuar el impacto adverso de los déficits presupuestales.

En efecto, la señora Christine Lagarde, directora gerente del FMI, acaba de reiterar sus críticas a la aplicación de una rígida política de austeridad fiscal en medio de un ambiente recesivo que profundiza el incremento del desempleo, la caída del consumo interno y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos europeos.

Dicen que el Fondo Monetario Internacional está dando un vuelco en el diseño tradicional de sus programas de ajuste para la aplicación de políticas fiscales y monetarias de corte restrictivo. Joseph Stiglitz, reconocido economista norteamericano ha cuestionado, con pleno conocimiento de causa, los efectos perturbados que en el plano político-social generan los acuerdos concebidos por el FMI.

Teóricamente el FMI no impone las medidas económicas a los países deudores que tocan sus puertas en busca de préstamos para financiar desajustes en sus cuentas nacionales, pero en la práctica concentra de manera unilateral el poder de negociación. La imagen mundial del FMI se había deteriorado de tal manera que hasta Milton Friedman (1912-2006), padre espiritual de los apologistas del mercado, planteó la posibilidad de que el papel de la institución deviniera en innecesario.

Cierto: el FMI se encontraba inmerso en una crisis de credibilidad que hizo recordar los años que siguieron al 1971, fecha en la cual Estados Unidos produjo la ruptura de la convertibilidad del dólar en oro, echando por la borda los históricos acuerdos de Bretton Woods (1944) que avalaron el nacimiento de un nuevo orden monetario-financiero mundial tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La crisis económica mundial desatada con fuerza durante el período 2008-2009 resucitó al FMI: los países industrializados integrados en el Grupo de los Veinte (G-20) no vacilaron en otorgar a la entidad el papel de órgano ejecutor de las líneas financieras trazadas por sus representantes en estos tiempos de turbulencias financieras.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad que reúne a las economías más desarrolladas del globo terráqueo, acaba de reconocer que la puesta en práctica de una rígida política de austeridad fiscal en economías deudoras como España, Grecia y Portugal, entre otras, ha profundizado el deterioro del crecimiento en la esfera de la producción de bienes y servicios.

Por eso llama la atención que el señor Olivier Blanchard, quien funge como Economista Jefe del FMI, haya presentado el informe titulado Errores en el Pronóstico de Crecimiento y Multiplicadores Fiscales, donde reconoce que los técnicos del controversial organismo crediticio internacional se equivocaron al realizar los cálculos del drástico recorte del gasto público y su impacto en la caída del crecimiento económico, de la tasa de desempleo y de la demanda interna de bienes y servicios.

Y al llegar a este punto conviene formular una pregunta: ¿estaría el FMI en disposición de echar por la borda el culto a los programas de ajuste que castran el crecimiento económico, aumentan el desempleo y merman la capacidad exportadora de los países que tocan sus puertas en busca de facilidades crediticias y de acceso a otras fuentes internacionales de financiamiento, tanto multilaterales como privadas? Cuesta creer que los técnicos del FMI hayan dicho adiós a sus rígidos programas de ajuste.