Todos los países del mundo se encuentran registrados en el libro global de la deuda pública. Datos ofrecidos por los organismos crediticios y por agencias de investigaciones internacionales dan cuenta de que el endeudamiento público contabilizado en unos 203 países supera con creces los 43 billones de dólares.

Por deuda pública se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Tanto los compromisos financieros externos como los internos forman parte del endeudamiento público, siendo responsabilidad del Estado el pago del servicio de la deuda, el cual comprende el saldo del capital más los intereses.

Cuando un gobierno contrae deudas actúa a nombre y representación del Estado, lo que significa que su responsabilidad jurídica queda comprometida más allá de la permanencia de los gobernantes de turno. El Estado es permanente. Los gobiernos pasan.

De ahí que cuando un economista, un candidato presidencial o cualquier representante gubernamental manifiesta su intención de no asumir el pago de la deuda pública (que comprende la externa y la interna) está colocando al Estado en una situación de aislamiento financiero y de pérdida de la credibilidad ante los acreedores.

Porque, ¿es correcto que una persona o un Estado se niegue a honrar compromisos financieros debidamente reconocidos? Una lectura bíblica expresa: No pagar es totalmente injusto porque estás reteniendo lo que pertenece a otro. Es robar, según consta en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 15.

Así, por ejemplo, los 33 países que forman la región latinoamericana y caribeña acumulan una deuda externa que al cierre del 2011 superaba ya un billón de dólares, esto es, un millón de millones de dólares, cantidad muy diferente del billón anglosajón o norteamericano, que equivale tan sólo a mil millones de dólares.

Y en lo que respecta a nuestro país, la deuda pública asciende a unos 17 mil millones de dólares, correspondiendo a la deuda externa 12 mil millones de dólares, mientras que la deuda interna se contabiliza en unos 194 mil millones de pesos, equivalente a cerca de 5 mil millones de dólares, según datos recientes suministrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales coinciden, en sentido general, con los registrados por los organismos oficiales del Estado dominicano.

Esa deuda pública representa alrededor del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que la economía dominicana está en capacidad de enfrentar el pago regular del servicio de la deuda. Téngase presente que la República Dominicana cerró el 2011 con un PIB que sumó 53 mil millones de dólares, siendo la economía más grande de toda la subregión centroamericana y caribeña.

Lo cierto es que el endeudamiento público está presente en todas las economías del mundo, pues ningún país podría considerarse autosuficiente en recursos financieros para impulsar sus proyectos de inversiones tendentes al crecimiento económico y el desarrollo social. Endeudarse no es un pecado.

Pero comprometer las finanzas públicas mediante préstamos que vayan dirigidos al consumo, y no a la esfera de la producción, sí pondría en peligro la capacidad de pago y el desarrollo social del país. Sobre esa base, justo es reconocer como positivo el actual desempeño de la política de endeudamiento público dominicano.