El Gobierno está en una gran disyuntiva en cuanto al cumplimiento de la controversial Ley General de Electricidad. Y todo porque hay unos costos, no económicos, sino políticos, con los que las autoridades no están en ánimo de cargar. El consenso en torno a la legislación a que según el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana se había llegado en 2009 todavía no acaba de ser ejecutado. Manuel Diez Cabral sentenció que si no se erradica la politiquería de la toma de decisiones ninguna medida será suficiente para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población. De un tiempo a esta parte el cumplimiento de la Ley de electricidad ha enfrentado al Gobierno y a un sector del empresariado. Diez Cabral retomó la polémica al advertir que los empresarios entienden que el Gobierno debe ser el primer garante del cumplimiento de las leyes, no de su violación. Con lo crispado que está el ambiente el conflicto en torno al problema eléctrico envía un mensaje relacionado con la seguridad jurídica.
El Nacional
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