El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha vuelto a plantear que se acorte el período de transición para contener los supuestos desbordes de la administración saliente. El planteamiento de Servio Tulio Castaños Guzmán, a propósito del presupuesto complementario del Gobierno, evidencia la fragilidad del sistema institucional y hasta la hipocresía que suele caracterizar el discurso político. Lo más grave, y es de lo que menos se ha hablado, son las razones del presupuesto por 71 mil millones de pesos que el Gobierno ha presentado al Congreso. Salvo los 500 millones de dólares en bonos para subsidiar el sector eléctrico, las demás partidas están rodeadas de interrogantes. No puede verse como una camisa de fuerza que se convoque licitaciones para obras durante el actual período. Lo que habría que determinar es si el proceso cumple con la Ley de compras y contrataciones públicas. El problema no es la transición, sino la transparencia y el estricto apego a las leyes. Después de todo, existe la continuidad del Estado.
El Nacional
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