Aunque al exdirector de Prisiones, doctor Mario Acosta, le asiste el derecho a la presunción de inocencia, la medida de coerción de tres meses de reclusión preventiva, impuesta en su contra por un tribunal que encontró méritos a la acusación de soborno, hace presumir que desde el Ministerio Publico se envía una clara señal de que no se archivarán acusaciones de prevaricación contra funcionarios. Acosta ha dicho que la acusación en su contra se correspondería con una trama que tendría el propósito de vincularlo al narcotráfico y lavado de dinero, pero la Fiscalía sostiene que ha logrado acumular pruebas suficientes que sustentan la imputación de que habría recibido un millón de pesos de un reo para disponer su traslado desde el Centro de Internamiento de Higüey a la Penitenciaría La Victoria. El exfuncionario deberá permanecer tres meses en una celda de la cárcel Najayo que administró en su condición de director de Prisiones. La Constitución ordena presumir inocencia de todos los justiciables hasta que un tribunal imponga una condena en última instancia. Aun así, los actuales funcionarios deberían verse en ese espejo.
El Nacional
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