Por sus múltiples implicaciones, en modo alguno se puede pasar inadvertido el caos en la jurisdicción inmobiliaria que denunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Por los detalles que ofreció y el escenario en que habló es obvio que se tomó su tiempo para estudiar y analizar detenidamente el programa, cuya aplicación contó con dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aportes de la Suprema.
Durante una conferencia titulada Retos del Poder Judicial, patrocinada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), explicó que desde que el plan se inició 1999 se han invertido RD$2,560,258.21 en la implementación de cinco módulos dirigidos a generar bases de datos, digitalización de documentos e instalación de un sistema GPS.
Sin embargo, de un total 170,250 expedientes dijo que apenas se ha automatizado el 4,82 por ciento. Ante tales resultados Germán se ha decantado por solicitar una auditoría a la Cámara de Cuentas sobre un programa que ya calificó como un caos. Ahora sólo hay que esperar los resultados de lo que puede ser una caja de Pandora.
El Nacional
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