El prejuicio ni intereses particulares deben marcar los debates en el Senado sobre la modificación a Ley de Seguridad Social en lo que respecta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Tan atinada como digna de ponderarse resulta la mesura en torno al proyecto, que reduce de un 30 a un 15% los beneficios de las AFP, planteada por los presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Víctor Castro, y de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Codopyme), Yuri Chez.
Se presume que con las modificaciones lo que se persigue es mejorar los servicios del conflictivo Sistema de Seguridad Social y no perjudicar a ningún sector en particular. Con toda razón, los empresarios piden al Senado que se aboque a un estudio profundo para consensuar una fórmula que no perjudique a las AFP ni tampoco a los usuarios.
La experiencia de los diputados, que prácticamente sancocharon el proyecto para hacerse los simpáticos ante la opinión pública, la verdad es que no debe repetirse en el Senado.

