Preocupación

La nueva Ley 140-15 sobre Notariado Dominicano, en torno a la cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha expresado preocupación, ha sido defendida como si se tratara, entre otros aspectos, de un impuesto.

Tras resaltar elementos positivos, como la reducción a su mínima expresión de los embargos y desalojos irregulares y la creación de un registro de testamento y poderes, el presidente del Colegio de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, señala que la legislación incrementará los ingresos del Estado y los honorarios de los profesionales. Sin embargo, Mariano Germán, quien también es presidente del Consejo del Poder Judicial, estima que la ley contiene disposiciones que deben ser modificadas o derogadas.

Una legislación que toca aspectos nodales de la seguridad jurídica y que tiene que ver con el incremento de los costos por los actos notariales tenía necesariamente que consensuarse y no imponerse.

No es que no se modificara una ley que por el tiempo de que data, 1964, puede resultar obsoleta, sino que la adecuación fuera con apego al interés nacional y no al particular.