Mensaje
El mensaje no puede ser más contundente para la Procuraduría General de la República. Por falta de pruebas la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo anuló la sentencia que condenó a tres de los acusados de estafar al Estado por más de 52 millones de pesos a través del desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA). Al no ser el primero, se torna altamente suspicaz que múltiples expedientes por corrupción se hayan caído en los tribunales por la insuficiencia de pruebas que alegan los jueces.
Casos como el que beneficia al exdirector del PRA, Marcos Lara Lorenzo y a los exfuncionarios Sauris Rodríguez Santos y Juan Portalatín Castillo, son para que el procurador Francisco Domínguez Brito tome nota acerca de la instrumentación de los expedientes.
Algo pasa. Si no es en el Ministerio Público que algo anda mal, entonces son los jueces los que fallan en la administración de justicia. Deja mucho que desear que tantos políticos acusados de desfalcar al erario con sumas millonarias sean absueltos por falta de pruebas.
El Nacional
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