Extinción-

La de extinción de dominio puede ser otra ley más. Su aprobación, sin embargo, serviría siquiera para reforzar el andamiaje jurídico contra la corrupción. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, no ha cesado de reclamar al Congreso la sanción de la pieza legislativa.

Pero como otras iniciativas que contribuyen a transparentar el ejercicio del poder, no ha encontrado el más leve entre los congresistas. La deducción más obvia es que los legisladores, sobre todo los del partido en el poder que son los que controlan ambas cámaras, temen ser víctimas de la ley.

Domínguez Brito ha planteado que el proyecto es fundamental no solo para la lucha contra el narcotráfico, “sino también para golpear las estructuras financieras ilícitas que albergan la corrupción”.

Tal vez no se necesitan más leyes para perseguir esas estructuras que cita Domínguez Brito, pero se ha de tener presente que lo que abunda no daña.

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Cristina Lizardo y Abel Martínez, darían un gran ejemplo con su impulso a la iniciativa.