Disyuntiva
Las revelaciones que han brotado sobre el escándalo de corrupción por el que se han imputado jueces y exjueces colocan al procurador general de la República en una difícil disyuntiva. Tanto por sus funciones como por ser el que solicitó que se investigue por supuesta prevaricación a los magistrados y exmagistrados Francisco Domínguez Brito está obligado a no reparar en altares en interés de que aflore toda la verdad.
Por ejemplo, tendrá que determinar qué papel ha jugado el exprocurador Radhamés Jiménez Peña en la crisis que tiene hoy en las cuatro esquinas el sistema judicial.
Según Participación Ciudadana, la juez Awilda Reyes Beltré informó que fue por órdenes de Jiménez Peña que dejó en libertad al regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, y devolvió 20 millones de pesos a la compañía constructora de la torrera Atiemar. El supuesto vínculo era Francisco Arias Valera, el exmiembro del Consejo del Poder Judicial a quien Domínguez Brito había identificado como la persona que dirigía la supuesta red mafiosa.
El Nacional
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