Impotencia

No sorprende que se cuente con la anuencia del poder político, económico y militar en las máquinas tragamonedas que operan ilegalmente en colmados de la ciudad. Sin el “peaje” o el tráfico de influencias sería muy difícil que en un barrio como Villa Juana pudieran operar 53 aparatos que fueron incautados durante una simple jornada.

Lo frustratorio es que un funcionario del Ministerio Público, como el coordinador de la fiscalía de Villa Juana, se limite a denunciar, porque no pueda investigar la corrupción en el negocio de las tragamonedas. Según Carlos Calcaño, las máquinas, que cuestan hasta 100 mil pesos, pueden dejar beneficios de 10 mil pesos diarios, dependiendo del sector.

Es obvio que algún poder importante ampara a los propietarios, porque con las decenas de tragamonedas que se han incautado y destruido es para que nadie se arriesgara a incursionar en un negocio que compite en daño con otros juegos.

Si Calcaño se limita a hacer la denuncia es porque no puede abrir una investigación para procesar a quienes administran y protegen a los dueños de las tragamonedas.