A la carga
Con el último paso que ha dado, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, está decidida a jugarse el todo por el todo en defensa de la constitucionalidad.

Después de denunciar como un atentado a las leyes la suplantación de la Asamblea Nacional decidida por el Tribunal Supremo, Ortega Díaz tildó de irregular la Constituyente convocada para el 31 de julio por el Gobierno. A pesar de las amenazas y las duras críticas emanadas desde la misma Presidencia, la magistrada ha ido por más.

Ahora ha impugnado la elección de 13 jueces y 20 suplentes del Tribunal Supremo realizada en diciembre por parlamentarios oficialistas después de perder las votaciones.

La puso todavía más difícil al señalar que si los magistrados nombrados de manera irregular no se inhibían, entonces los recusaría de pleno derecho.

Ortega Díaz, con su posición, se ha convertido en un clavo en el zapato para el Gobierno que, por su lealtad, la designó en el cargo. Si bien es la más importante la de la fiscal general no es la única fisura que, en su momento más crítico, se advierte en el seno del oficialismo.