Defensoría.-

Sería una verdadera tragedia que una oficina que presta tan valiosos servicios judiciales pueda colapsar por falta de recursos. No se trata, según Laura Hernández, su directora, de reducir a su mínima expresión la asistencia prestada a las cientos de personas que no tienen dinero para contratar abogados, sino de poner fin a sus labores.

En un país donde algunas entidades dicen que se dilapida alrededor de un 2,5% del presupuesto y que los senadores tienen asignaciones hasta para obras de caridad, es una pena que la Defensoría Pública esté al borde del colapso por falta de recursos.

Por falta de personal, Hernández dijo que un abogado lleva hasta 300 casos, lo que constituye una barbaridad. Es verdad que la Justicia necesita salas con condiciones mínimas, pero también esos abogados que prestan asistencia y servicios jurídicos a esas personas que muchas veces no saben siquiera cómo encaminar sus acciones.

El grito dado por Hernández debe escucharse en todos los sectores identificados con la justicia o con la suerte de los más necesitados.