Se entiende que por prudencia el embajador de Gran Bretaña no mencione públicamente el nombre de la empresa que afirma se espantó del país para no aceptar la imposición de sobornos, de funcionarios, pero resulta extraño que no remitiera tan grave denuncia a la Cancillería dominicana como manda el librito de la diplomacia. El canciller Carlos Morales Troncoso ha dicho que el señor Steven Fisher no ha referido el problema a las autoridades dominicanas, a pesar de que emitió una queja pública con juicios de valores sobre lo que definió como estado de inseguridad jurídica. Ahora se menciona el nombre de una empresa británica que se habría retirado en 2010 agobiada por un conflicto jurídico que data de 2002 que la obligaba a pagar deudas contraídas con contratistas dominicanos. El embajador Fisher, que se dice ha cumplido ya su misión aquí, está compelido a revelar nombre de la empresa objeto de tentativa de soborno y de otra que estaría preparando su partida por las mismas razones. Esa es una denuncia gravísima que no se puede quedar en tinteros imperiales ni cubierta por manto de impunidad.

