Es para reorientar el debate sobre el incremento de las penas a los menores que infringen la ley la revelación de una educadora de que por falta de apoyo oficial se canceló un programa para rescatar niños en situación de calle. Ni siquiera el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani) se ocupó, según la gerente del Programa de Educación y Derecho del Catholic Reflief Services, de dar seguimiento a la iniciativa. Sin financiamiento ni seguimiento oficial no quedó más que sepultar un programa que tal vez hubiera contribuido a evitar que muchos jóvenes tomen el camino de la delincuencia como medio de subsistencia. La revelación hecha por la profesora Eric Gómez no sólo deshoja, sino que cuestiona el discurso oficial sobre la niñez. Antes que fomentar y respaldar reales programas preventivos a través de la orientación y la educación, al menos los legisladores oficialistas han entendido que la mejor salida es endurecer las penas contra los menores que entren en conflicto con la ley. Y es lo que han hecho al modificar el Código del Menor.

