Si se pensaba que se había extinguido la desaparición del activista social Juan Almonte Herrera, ocurrida en septiembre de 2009, las autoridades han debido llevarse una gran sorpresa con la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno ha sido convocado a una audiencia para debatir los resultados de las investigaciones sobre el paradero de Almonte Herrera. En la instancia se alega que las autoridades no han cumplido con las medidas provisionales para aclarar la desaparición del activista y proteger a los familiares. Almonte Herrera habría desaparecido tras ser detenido por agentes policiales a raíz del secuestro del estudiante Eduardo Baldera Gómez, en Nagua. En torno al caso abundan las contradicciones de la propia Policía, que en principio confirmó que el activista había sido detenido y luego dijo que era perseguido. La audiencia a que ha sido convocado el Gobierno afecta la imagen del país en materia de derechos humanos, sobre todo después de otros procesos ante el mismo organismo.
El Nacional
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