La sentencia que descarga por insuficiencia de pruebas a cuatro venezolanos que habían sido condenados a 30 años por narcotráfico marca la hora para una exhaustiva investigación en el aparato judicial. Es inconcebible que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís no contara con elementos probatorios contra los imputados, de quienes se dijo que fueron apresados en diciembre de 2009 en Punta Cana con 58 paquetes de cocaína en una avioneta procedente de Venezuela. En algún punto del sistema judicial estuvo viciado el proceso contra Kene Méndez, Gustavo Arnaiz, Franklin Antonio Armada y Bárbara Susana. Al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, se le ha presentado una magnífica oprtounidad para iniciar o profundizar la investigación que demanda el sistema judicial. Máxime cuando no se trata del primer escándalo en que sometidos por crímenes o narcotráfico son liberados por insuficiencia de pruebas. Lo de la Cámara Penal de San Pedro de Macorís es alarmante.

