La depuración de los candidatos se ha convertido en una de las tareas más arduas para la Junta Central Electoral (JCE), sobre todo frente a las versiones que vinculan candidatos con el narcotráfico y el lavado de activos. Se habla de que un candidato del PLD a la sindicatura de un municipio de San Pedro de Macorís ha sido investigado por sus supuestos nexos con los fugitivos José David Figueroa Agosto y Toño Leña. Y en otro municipio de la provincia Duarte otro candidato peledeísta a la sindicatura ha sido impugnado porque supuestamente fue deportado por narcotráfico de Estados Unidos. El presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, que ha demostrado un encomiable celo en la organización y transparencia del proceso, tendrá que asesorarse de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la jefatura de la Policía en la depuración de los candidatos. Porque la verdad es que gente con antecedentes o sospechosa de estar vinculada al narcotráfico, el lavado de activos o alguna actividad delictiva no deber figurar en boletas.
El Nacional
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