La verdad es que ha sido el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) el que ha dado carácter político a la arbitraria clausura del canal 53, de Santiago. Porque la causa del atropello no ha sido otra que la intolerancia a las críticas e insultos que vertía el doctor Ernesto Fadul a través de un programa que produce por la estación. El propietario, el empresario Víctor Tejada, no ha recurrido a la opinión pública para presionar la repartura del canal, sino que se ha valido los medios legales. El Gobierno bien pudo recurrir a los tribunales si entendía que la planta violaba normas técnicas o si consideraba difamatorias las críticas e insultos de Fadul. Este incluso ha reclamado que lo sometan a los tribunales para demostrar denuncias sobre la incidencia del narcotráfico que ha divulgado a través de su espacio. Alegar que el propietario de la estación ha politizado la arbitraria clausura es un pretexto que se revierte contra las autoridades. Y aunque no quieran verlo ni aceptarlo la decisión atenta contra la libertad de expresión.

