Si es verdad lo que ha denunciado el juez electoral Eddy Olivares sobre la falsificación de identidades no sólo peligran las próximas votaciones, sino que por aquí nadie está seguro ni siquiera de su propio nombre. De no ser porque la gente está curada de espanto la afirmación del magistrado en torno a robos de materiales, fraudes y suplantaciones electorales habría provocado un tsunami social. La indiferencia no impide, sin embargo, inquirir sobre la aparente facilidad con que el Registro Civil ha sido penetrado por delincuentes que negocian con falsas identidades. Si algo se esperaba era que a estas alturas la Junta Central Electoral (JCE) sería un modelo de eficiencia técnica y administrativa, y de transparencia en sus operaciones. La denuncia de Olivares, un magistrado caracterizado por su mesura, es para que la nación no sólo se estremezca, sino para que no se piense en elecciones en el 2010. Porque no es verdad que bajo esas condiciones se pueden celebrar comicios transparentes y confiables.

