Al agotar la vía legal para canalizar sus reclamos, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que alega un fraude en las elecciones del domingo, elige la fórmula adecuada. La decisión, que nadie que defienda el sistema institucional puede cuestionar, compromete a la Junta Central Electoral (JCE) a fallar con el más estricto apego a las normas legales cada uno de los casos. Desde el mismo momento en que decidió concurrir en los comicios, sin reparar en las desventajas del uso de los recursos públicos, el PRD sabía que tenía que estar preparado para los resultados. Si estima que hubo fraude para alterar la voluntad popular, como ha denunciado en varios casos, no hay otra vía que la institucional para dirimir las supuestas irregularidades. Nadie le impide ni le puede impedir que defienda su derecho. Lo más legítimo es que lo haga, pero siempre conforme a lo que establecen las leyes. Hasta ahora la JCE, según algunos de sus magistrados, está en la mejor disposición para conocer las quejas e impugnaciones de partidos y candidatos.
El Nacional
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