El desacato de una sentencia, aunque sea tan censurable como la que ordenó la libertad de un feminicida, es uno de los peores atentados a la seguridad jurídica. La fiscal de Santiago, Yenny Berenice Reynoso, debe saber que las leyes están por encima de los sentimientos al rehusar acatar la sentencia del magistrado Gabriel Marchena Adames en favor de Pedro Luis Báez Sánchez. La representante del Ministerio Público cuenta con otros mecanismos judiciales, entre los que figura la apelación, para evitar que el homicida de la doméstica Gleiry María Muñez Báez recupere la libertad bajo fianza. Antes de apasionarse, habría que ver las razones que tuvo el juez Marchena Adames para imponer como medida de coerción una fianza de 1.5 millones de pesos a un hombre acusado de un crimen horrendo y dramático. La doméstica estaba acompañada de tres hijos menores cuando recibió la estocada que le costó la vida. Pero a la fiscal de Santiago no le queda más recurso que acatar la sentencia, como manda un Estado de derecho que se rige por leyes.
El Nacional
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