La Cancillería debería intervenir ante el Gobierno de Bahamas por el atropello contra 70 pescadores dominicanos condenados a cuatro meses de prisión y a una multa de 250 dólares que ninguno de los afectados puede pagar. El motivo es la supuesta violación a los límites de aguas bajo la jurisdicción de la corona inglesa. Se trata de un abuso perpetrado por las autoridades judiciales y administrativas de esa isla, bajo la premisa de que esos pescadores no tienen dolientes. El Estado dominicano debería intervenir más resueltamente en este penoso caso y reclamar la puesta en libertad pura y simple de los 70 pescadores, quienes han sido tratados de esa manera porque realizaban sus faenas a bordo de modestas embarcaciones y no en uno de los barcos balleneros de Japón. Esos pescadores fueron condenados porque no contaron con la debida asistencia jurídica. Se cometió contra ellos una acción injusta y cruel. El Gobierno de nuestro país debe hacer saber a Las Bahamas que esos trabajadores tienen dolientes.
El Nacional
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