Es injusto afirmar que las autoridades incurren en exceso al enfrentar la pretensión de propietarios de clínicas privadas de aumentar en un 14 por ciento los precios de los servicios que ofrecen, porque esa decisión unilateral afecta a más de dos millones de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), con el que esos establecimientos han formalizado contratos que tienen fuerza de ley. Los servicios de salud, públicos o privados, no son un negocio cualquiera, como una bodega, ferretería o zapatería. Es un quehacer de orden público porque refiere un derecho constitucional que no puede ser vulnerado por afán de lucro. Lo mismo ocurre con los colegios privados, cuyos propietarios se guarecen en la mentada iniciativa privada para vulnerar disposiciones legales referidas a precio y calidad de los servicios. En vez de censurar a las autoridades de Senasa por defender intereses y bolsillos de más de dos millones de ciudadanos, los detractores deberían hurgar en la calidad de los servicios hospitalarios privados, caracterizados por un altísimo costo incompatible con el reclamo de excelencia en las prestaciones médicas.
El Nacional
Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación
