Que el proceso sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht se haya iniciado sin mayores expectativas es una buena muestra de la escasa o ninguna importancia que se tiene de un juicio que por demás ha comenzado evidenciando tanto la politización como las debilidades que se han denunciado del expediente. El primer cuestionamiento que afloró fue la comunicación en la que el consorcio reconocía el pago de 20,407,474.05 millones de dólares al empresario Ángel Rondón por los servicios de consultoría para la adjudicación de la planta termoeléctrica de Punta Catalina.

En las más de 130 mil horas de trabajo que dedicaron más de 50 personas durante más de un año para examinar uno por uno los hallazgos encontrados, tal parece que la Procuraduría General de la República no encontró un documento tan importante, o si lo encontró no le concedió mayor importancia.

En el documento, suscrito por el entonces gerente de la firma, Marco Vasconcelos Cruz, se explica que el monto equivale al 1% de los 2,040,747,405.23 millones de dólares en que se contrató la planta. Al acusarse a Rondón como el intermediario para el pago de los sobornos canalizados por Odebrecht se infiere que en ese caso se prefirió, antes que ponerse a escudriñar, que eran honorarios.

Si bien se ha reclamado la presencia de Vasconcelos Cruz para que proporcione más detalles sobre los 92 millones de dólares que Odebrecht dijo destinó para sobornos entre 2001 y 2015, el Ministerio Público ni siquiera ha contestado.

Con todo y la afirmación de que durante la investigación se consiguió que la empresa aportara documentos y evidencias para fortalecer el expediente, así como las declaraciones premiadas en que los ejecutivos de la firma mencionan nombres y apellidos, el propio Rondón aclaró que los honorarios que recibió por sus servicios fueron de 105 millones de dólares, de los cuales no ha repartido un solo centavo en soborno.

Para aumentar las conjeturas el caso del expresidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, ha irrumpido como una tromba. Nada menos que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha advertido que procede la anulación de la acusación contra el exlegislador porque no se le notificó que estaba siendo investigado, salvo cuando el Ministerio Público le formuló la acusación. El asunto no es que él lo sabía, como ha alegado la Procuraduría, sino notificárselo.

Lo que comienza mal no proyecto buenos augurios. Si el proceso por los sobornos no prospera los jueces que se preparen a cargar con la culpa, como anticipadamente advirtió el Ministerio Público, por no haber cumplido con su rol de hacer justicia.