Además de no concluir la disolución de la entelequia a la que se ha reducido la Corporación de Empresas Estatales (Corde), el Gobierno tampoco ha avanzado en la investigación para establecer responsabilidades sobre la venta irregular de solares en el sector Los Tres Brazos.
Tras uno que otro interrogatorio al exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, la Procuraduría General de la República no ha dado ningún otro paso para esclarecer una operación que el propio Gobierno calificó de violatoria de las leyes.
Ahora, para sorpresa de la opinión pública, se asignan $350 millones en el presupuesto para 2018 a una entidad que a estas alturas ha debido completar su proceso de disolución.
Del escándalo sobre la venta de los solares todavía quedan interrogantes no despejadas por la Procuraduría ni la comisión designada para investigar la operación. La impunidad en torno al antiguo consorcio es visto como uno de los flancos más débiles en la lucha contra la corrupción.

