La Procuraduría General de la República informó hoy que avanza todos los casos de corrupción que tiene en curso, incluyendo el del asfalto caliente, que involucra un monto de 11 mil 500 millones de pesos.

Aunque el órgano acusador no explicó a qué nivel están avanzadas las experticias, aseguró que todos los casos que investiga están avanzados.
“Avanzamos con todos los casos”, se limitó a decir la PGR, que investiga varias denuncias de corrupción.

El 10 de septiembre pasado, los directores generales de Contrataciones Públicas y de Ética e Integridad Gubernamental, Carlos Pimentel y Milagros Ortíz Bosch, depositaron en la Procuraduría General de la República el expediente que involucra al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

El expediente dice que en ese caso hay indicios de irregularidades que ameritan la intervención del Ministerio Público porque en la investigación se detectó que de forma “olímpica” se violaron todas los principios y procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones.

El MP investiga el caso para determinar quién tenía la intención de enriquecerse ilícitamente y quien quería acumular recursos del Estado de manera ilícita, señala.
La Dirección de Contrataciones Públicas ha constatado las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas, coincidiendo con las denuncias realizadas por la periodista Alicia Ortega.

La denuncia señala que dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar. De igual manera, por las irregularidades en la contratación de unos 11,500 millones de pesos, sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público, resaltaron.

Otros Casos

La Procuraduría también investiga la denuncia de alegadas irregularidades cometidas en Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y en el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, cuya titular era Iris Guaba, en esta última entidad, desde el 2019 se identificó una recurrencia sospechosa en los procesos de compras que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.

Refiere la denuncia que en el Plan Social durante un tiempo considerable funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución que a través de las contrataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita.

Con relación a INAIPI, la Procuraduría investiga dos expedientes, por un entramado que buscaba favorecer a proveedores y a funcionarios de manera ilegal.

En uno de los expedientes se refiere que en 2016, esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos $208.05 millones.

También investiga a los miembros de la Cámara de Cuentas por alegadas irregularidades cometidas en la auditoría a 11 obras de la constructora brasileña Odebrecht.

UN APUNTE

Yokasta
El órgano acusador también lleva investigaciones particulares contra la ex directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, quien ha sido interrogada seis veces por la Procuraduría General de la República. Es una de las personas más requeridas.