Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República (PGR) allanó este miércoles las oficinas de Odebrecht ubicadas en el octavo piso de la torre Diandy XIX de la avenida Pedro Henríquez Ureña, de esta capital.

La PGR explicó en un documento que el allanamiento está sustentado en una orden judicial otorgada por el juez José Alejandro Vargas, coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

En horas de la tarde de este miércoles, un equipo de la PGR, acompañado por personal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y de un contingente policial, realizó el allanamiento, como parte de las diligencias investigativas que se desarrollan en torno al soborno que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana y otros países, ante autoridades judiciales de Estados Unidos y Brasil.

Explica que el allanamiento se produjo en cumplimiento al debido proceso, luego de confrontar las informaciones suministradas a requerimiento de la PGR, por los representantes de Odebrecht en el país, con otros datos obtenidos mediante labores de inteligencia que de manera simultánea, desde hace un tiempo, se han estado desarrollando.

Indicó que esto determinó que era el momento indicado para realizar dicha incursión, con la finalidad de continuar profundizando la recolección de documentación que permita determinar responsabilidades locales, para lo cual no se escatiman esfuerzos en territorio dominicano ni en el extranjero.

“La PGR reitera su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, en el que se recuerda, existe una admisión de pago de sobornos en territorio dominicano para lograr la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras del Estado, por parte de la multinacional brasileña, autoincriminación que no puede ser negada por ninguno de los representantes en territorio dominicano, pretensión esta que para el Ministerio Público, resulta ser totalmente inaceptable” ”, explica el documento.

En ese sentido, la PGR asegura que se avanza significativamente en las indagatorias bajo garantías procesales, así como la estrecha colaboración internacional en pie, la cual permitirá al Estado dominicano, disponer de toda la información detallada para poder esclarecer debidamente lo acontecido, y no solo establecer responsabilidades, sino también, consecuencias penales.

En el lugar no se ha permitido ni entrada ni salida al edificio donde operan las oficinas de la constructora brasileña.

La empresa constructora brasileña es investigada por el pago a funcionarios dominicanos por 92 millones de dólares entre 2001 y 2014.