Con el conocimiento de las propuestas de reservas de candidaturas, los partidos políticos enfrentan su primera prueba de voluntad hacia el ingreso a la amplia plataforma de legalidad y democracia interna que implica la vigencia de las leyes de Partidos y Electoral.

Conforme al cronograma anunciado por la JCE, las organizaciones partidarias tienen hasta el 7 de junio como plazo para presentar el legajo de demarcaciones que estarían incluidas en el 20% de la provisión de postulaciones que la ley acuerda a sus respectivas direcciones.

Los partidos también están compelidos a convocar a sus asambleas o plenos de dirigentes a los fines de adecuar sus reglamentos al marco de los nuevos estatutos que rigen su democracia interna y su participación en las elecciones generales.

A lo que se aspira es a que cesen las designaciones de candidatos a conveniencia en partidos mayoritarios o minoritarios, de tal manera que los aspirantes a presidente, vicepresidente, senador, diputados, alcaldes o directores municipales sean escogidos libremente en primarias cerradas o abiertas como manda la ley.

Para no pocos partidos el “crossover” hacia la democracia interna se convierte en cruzada difícil porque sus dirigentes se acostumbraron al uso exclusivo del índice para seleccionar o rechazar candidatos y aspiraciones, conforme a particulares conveniencias.

De acuerdo con la ley 33-18, “las candidaturas asignadas o reservadas por un partido a dirigentes del mismo partido o de otro como resultado de una alianza electoral o fusión tendrán validez legal si las mismas son reservadas por lo menos 30 días antes del inicio de la precampaña ”.

La dirigencia de los partidos de la Liberación (PLD), Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) tendrán que apurar el paso en la resolución de conflictos internos para poder cumplir con la ley en los fatales plazos establecidos.

Puede decirse que los estatutos sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como la Ley Electoral de reciente promulgación, obligan a la clase política a encontrarse con su propia legalidad, lo que sin dudas ayudaría a fortalecer la democracia en las organizaciones partidarias y en la propia nación.