Una de las nuevas modalidades de censura indirecta sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión es el reparto del “pastel publicitario” del Estado. En República Dominicana, lo mismo que en la mayor parte de los países de América Latina, existe un alto grado de discrecionalidad en la asignación de las pautas publicitarias oficiales, un esquema que se presta para castigar a los críticos de los gobiernos y favorecer a los partidarios.

Durante el presente año, y previo a la reelección del presidente Danilo Medina, tuvimos un desmedido aumento de la publicidad oficial, lo cual generó una situación de desequilibrio de la opinión pública.

El Gobierno echó por la borda su promesa de ser transparente y de sólo hacer publicidad para comunicar las informaciones de interés público o situaciones de emergencia y dio paso a una plataforma propagandística al servicio de la reelección de Medina.

Esa práctica no sólo es reprochable, sino que también deviene en inconstitucional, puesto que las pautas publicitarias estatales forman parte de las libertades de información y de expresión consignadas por el artículo 49 de la Carta Sustantiva.

Los ciudadanos tenemos el derecho a ser informados adecuadamente de las actividades y servicios del Gobierno, por lo que se debe orientar la efectividad del mensaje a informar y no a hacer propaganda o culto a la personalidad del jefe del Estado.

En el país los presupuestos publicitarios oficiales son distribuidos de manera discrecional por la falta de reglas transparentes que determinen criterios objetivos en las pautas.

Y, aunque no existe un derecho de los medios de comunicación a los recursos gubernamentales, si el Estado decide difundir publicidad lo debe hacer en base a los criterios constitucionales de transparencia y objetividad, para así evitar caer en censura indirecta de la libertad de expresión.

Hay que reglar la publicidad oficial y disminuir la discrecionalidad del Gobierno y de la administración descentralizada en las pautas publicitarias.

Por esa razón, proponemos al Congreso retomar el tema y abrir un debate sobre la necesidad de una ley de publicidad oficial que haga preceptivos los criterios de objetividad y transparencia en la asignación de los planes de medios públicos.
Dicha ley debe ir más allá del Gobierno y alcanzar a instituciones descentralizadas como el Banco Central, las empresas públicas y a las alcaldías.

En el caso de estas últimas, es deseable que en tanto se apruebe la ley los cabildos formen comités municipales de publicidad que establezcan criterios para la contratación y distribución de los mensajes municipales.

El presidente Medina diera una señal positiva si asumiera su iniciativa legislativa para proponer una ley de publicidad oficial como un tema fundamental para la transparencia pública.