El ministro de Educación, Andrés Navarro, designó nuevos directores en las 18 direcciones regionales de Educación, escogidos de una terna elaborada por una comisión técnica que a su vez los seleccionó entre 149 aspirantes, procedimiento que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) califica de ilegal e inaceptable.

Aunque Navarro informó que los funcionarios removidos serán reasignados en funciones técnicas a nivel nacional, la ADP advirtió que con esas designaciones el ministro declaró la guerra al gremio, que instruyó a sus afiliados no acatar las instrucciones que emanen de los nuevos directores.

Por las posiciones asumidas por las autoridades educativas y el gremio de maestros, es claro que todos los caminos conducirían hacia la paralización de la docencia con la atinada advertencia del ministro Navarro de que bajo ningún concepto negociará lo que define como competencia que la ley le confiere.

Los docentes ascendidos a directores regionales ocupaban cargos de técnicos a niveles regionales, distritales, directores de centros educativos, docentes y orientadores, además de poseer excelentes currículos académicos, por lo que se supone que la ADP no les objetaría sus condiciones profesionales ni de experiencia laboral.

Todo parece indicar que el sistema educativo público ha sido zarandeado por una pugna de poder o de un conflicto en la interpretación de la ley entre el ministro de Educación y el gremio de maestros, conflicto que requeriría de un arbitraje en el orden administrativo o judicial.

¿Cuál ley invoca el ministro Navarro para sustentar su decisión de nombrar a los directores regionales de Educación por vía de una terna? ¿Cuál estatuto legal invoca la ADP para oponerse? ¿A Cuál instancia legal se acogerían las partes para establecer en qué lado se anida la razón? ¿Tiene el gremio de maestros calidad jurídica para nombrar o influir en la designación de funcionarios?.

Ese dilatado conflicto ha llegado a un punto de inflexión en el que se requiere de una solución definitiva, ya sea evacuada por un acuerdo serio y respetuoso de la ley, o por vía de una sentencia emanada de una jurisdicción contenciosa o constitucional.

La sociedad ni la comunidad educativa pueden ni deben permitir que intereses políticos, gremiales o de cualquier naturaleza conduzcan la escuela pública hacia el despeñadero, menos aun si se incurre en el sacrificio fiscal de dirigir el 26% de los ingresos públicos hacia la consolidación del sistema educativo. ¡Basta ya!