SANTIAGO. La prueba para la detección del uso de estimulantes o sustancias prohibidas mediante una muestra de orina, conocida como antidopaje, es muy popular en el ámbito del deporte, no así en las actividades políticas ni para la función pública, aunque es conocido que el sector privado las usa en el proceso de selección de personal.

En la prensa nacional, la versión inglesa del concepto (antidoping) se ha puesto de moda en referencia a los controles establecidos por la Federación de Baloncesto (Fedombal) y la Abasaca a propósito de las pruebas a participantes, atletas y directivos, del campeonato de baloncesto superior de Santiago.

En el béisbol de las Grandes Ligas estadounidenses el tema ha trascendido al ámbito judicial, por el caso de los esteroides que involucra a atletas estelares, mientras en Europa, en competencias tan famosas como el Tour de Francia, los ciclistas han sido sometidos a pruebas de orina para detectar el uso de sustancias prohibidas.

Esto no es nuevo en el deporte y en lo referente al baloncesto de Santiago se realiza hace 20 años, sin interrupciones ni mayores bullas.

La novedad, sin embargo, surge con los requerimientos que ha divulgado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para los participantes en sus procesos internos de renovación de directivos, que pudieran marcar un precedente positivo en el país, siempre que se pase de la palabra a los hechos y no se quede sólo en retórica de politiqueros.

En el sector judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha revelado también la separación de sus funciones y pérdida de empleo de 20 personas que dieron resultados positivos en los exámenes antidopaje, aunque no fueron sometidos por ante los tribunales, lo que es entendible pues no es labor de represión, sino de control.

En organismos específicos del gobierno se practica esta prueba con regularidad, como el caso de los aeropuertos cuya vigilancia militar está a cargo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesa), que realiza un muestreo de manera sorpresiva al personal de servicio, de entidades públicas y privadas.

Ante el grave deterioro moral en casi todos los estamentos de la actividad pública, y la peligrosa penetración del narcotráfico y la drogadicción, se impone que la novedad del antidopaje sea extendida a otras segmentos, como medida de control hasta en silencio, sin el despliegue mediático usado para beneficio coyuntural.

Es oportuno precisar que narcotráfico y drogadicción deben ser vistos como fenómenos distintos, porque el primero es criminal negocio, mientras que la otra, si bien es delito, su enfoque moderno es el de una enfermedad, en la búsqueda de la regeneración del adicto víctima de ella.

Sería saludable que el sector gubernamental y los políticos den el ejemplo, sin mayores estridencias, con vocación y voluntad, no como persecución, sino como decisión de combatir vicios y distorsiones que contribuyen a generar tantos males que hoy corroen las estructurales sociales.

Ojalá el antidopaje sea real y extenso.