Retroceso constitucional

La reforma a la Constitución ha devenido en un proceso amado y odiado, que quizás tenga un mal congénito, el pecado original, porque se abogaba por cambiar primero el mecanismo de su modificación para que fuese hecha por una Asamblea Constituyente, no existente aún, y no por la actual Revisora.

Las fuerzas políticas tradicionales, los llamados partidos mayoritarios, están todos comprometidos con el producto final.

Es incierto que el texto que surja de todas las negociaciones políticas, coyunturales o no, marcará una limitación o contrapeso de poderes, ni que haya limitaciones al carácter todopoderoso del Ejecutivo.

Si bien un análisis numérico de la Carta Magna vigente y lo aprobado como atribuciones presidenciales determina una disminución de funciones, en los entresijos del nuevo texto hay más poder que en el actual.

Entre aciertos y desaciertos, de los amarres políticos y el negocio para la autoprotección, no importa partido en control del gobierno, se le quiere restar calidad, acceso y atribuciones al ciudadano para actuar como freno de excesos, al demandar la inconstitucionalidad de un acto jurídico.

La Constitución es llamada pacto social, en el entendido de que es el contrato entre el Estado y el ciudadano, el acuerdo para garantizar derechos del ser humano ante las instituciones y hacerle cumplir deberes de cara a la colectividad, es decir, es un negocio jurídico de doble vía.

Los asambleístas tienen la responsabilidad de asegurar que el nuevo estatuto jurídico sea garante de derechos fundamentales y del equilibrio social, que no cercene espacios y que preserve ese pacto fundamental.

Por eso, es de preocupación que en cuanto a las personas con capacidad jurídica para demandar la inconstitucionalidad de normas o actos de los poderes públicos se pretenda imponer restricciones o prohibiciones, de manera que el ciudadano común no pueda iniciar por vía de apoderamiento directo un recurso en esta materia.

Eso sería un atraso, una negación de derechos fundamentales, establecería privilegio.

Una negociación entre personas, líderes o no, carece de alcance legítimo para despojar al ciudadano del derecho a demandar la inconstitucionalidad de una norma, que es un medio de frenar desmanes y excesos de poder.

Es un retroceso constitucional negar a cualquier ciudadano ese derecho.