Así como la reforma constitucional de 1994 forzada por una crisis política abrió una nueva etapa para el Poder Judicial, la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 plantea el inicio de otro ciclo de administración de justicia y, sobre todo, de primacía del Pacto Fundamental.

La renovación de la Corte Suprema de Justicia, por sustitución de magistrados con 75 años de edad y evaluación del desempeño del resto, permitirá inaugurar un período de remozamiento con nueva generación de jueces que deberán cumplir otra era histórica del tribunal.

La Constitución establece el Tribunal Superior Electoral (TSE) como órgano jurisdiccional para la solución de manera específica de asuntos contenciosos de los partidos políticos, sus relaciones entre sí y con órganos estatales que los regulan.

La máxima novedad de la reforma de 2010 es el Tribunal Constitucional (TC), instancia por encima de los poderes públicos, con atribuciones precisas de garantizar la supremacía de la Carta Magna, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, con decisiones definitivas e irrevocables de efecto erga homnes.

Todo esto le confiere mayores responsabilidades al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ahora ampliado con la integración del Procurador General de la República, y que tiene las funciones no sólo de evaluar y escoger los miembros de la Corte Suprema, sino además los del TC y del TSE.

Este proceso de evaluación y selección de magistrados debe ser revestido de transparencia, con estricto apego a la ley y vigilancia constante de medios de comunicación y representativos sociales no partidistas que le otorguen legitimidad a designaciones competencia legal del CNM.

El mandato de que 12 de 16 jueces de la Corte Suprema deben provenir de carrera judicial, es decir, ser promovidos de cortes inferiores y equivalentes, es buen augurio para la renovación judicial como garantía de continuidad, profesionalidad y estímulo a la superación de magistrados.

Los requisitos para alcanzar asientos tanto del TC como del TSE tienen que ser cumplidos más allá de la letra, porque son órganos básicos para el presente y futuro democrático y la vigencia plena de la supremacía constitucional y protección de derechos fundamentales que permitan otro salto cualitativo de la Justicia.