¿Qué hacer con la Policía Nacional?

Es impostergable la necesidad de una reforma en la Policía Nacional para que cumpla sus atribuciones legales y constitucionales de garante de orden público y seguridad ciudadana, cuando la población está alarmada por comprobados abusos policiales y casos de violencia delincuencial.

El mal no está en la sábana. El cuerpo policial mantiene un estado febril preocupante, con infección estructural que va desde el generalato al cabo de puesto del barrio.

Dentro de teorías y propuestas para su reforma está la de la desintegración pura y simple para formar un nuevo cuerpo y volver al modelo de policías municipales bajo el mando de la autoridad edilicia.

La Ley Institucional de la Policía, la 96 de 2004, establece que el objeto de su creación es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público, entre otros asuntos, además de definirla como organización civil al servicio de la ciudadanía.

Desde hace tiempo la Policía no satisface las expectativas ciudadanas de prevención del delito y persecución de delincuentes, está generalizado el criterio de inseguridad, miembros de la institución se involucran en hechos delictivos y sus actuaciones confunden, a propósito de cateos legales y redadas nocturnas inconstitucionales.

De ahí han surgido frases lapidarias, multiplicadas en redes informáticas, como Policía no me mate que yo me paro en la luz que retrata el temor ante abusos y excesos, existen bandas policiales (los cirujanos) que disparan a sospechosos para dejarlos discapacitados físicos y en los barrios se conocen las acciones de extorsión y macuteo. Todo eso es vox populi.

Se requiere una nueva policía, con hombres bien formados y mejor remunerados, con garantías familiares de educación, vivienda y salud, capaces de ganar la credibilidad ciudadana y ser agentes de autoridad legítima, comprometida con la ley y el orden.

¿Quiénes deben propiciar el cambio? Los actores políticos con liderazgo y, sobre todo, con voluntad para impulsar el bien común por encima de conveniencias coyunturales.