Así como la violación constante e impune de la ley 241 y sus modificaciones es medida inequívoca de inobservancia olímpica del orden jurídico nacional, el caos del tránsito y transporte urbano en Santiago mide la ineficiencia municipal y revela sospechosos negocios edilicios.

En esta gestión municipal, que pronto llegará a mitad, el embotellamiento del tráfico urbano está en niveles caóticos por incursión diaria de miles de concho (hay cinco mil franjas) con estímulo cómplice del Ayuntamiento que, en vez de resolver, complica la situación.

Es secreto a voces que extender rutas, cuatro que penetran al centro histórico, y aumentar innecesariamente franjas, es clave en la locura vial de Santiago y esconde negocio multimillonario con visos de corrupción y nepotismo comercial.

La situación trasciende el tema tránsito, porque es actividad económica de altísima rentabilidad grupal en perjuicio de erario y comunidad, además de implicar riesgo de vida porque el desorden vial alrededor del hospital Cabral y Báez trastorna el acceso a la emergencia.

La indiferencia e irresponsabilidad municipal para ordenar, aunque sea el aparcamiento de vehículos, contribuye a acrecentar la crisis luego de eliminarse el sistema de parquímetros que, pese a críticas al contrato por violaciones constitucionales, fue avance buscando mejoría.

En el centro de Santiago el ayuntamiento permite circulen diariamente decenas de autobuses grandes, hasta con terminal en avenida Las Carreras, cientos de minibuses de servicio interurbano y paradas sin control y con imposición del designio de dirigentes choferiles que son chivos sin ley.

Mientras tanto, ciudadanos sensatos y comerciantes son perjudicados con pérdida de tiempo, gasto mayor de combustible y alejamiento de clientes que sólo ingresan a ese caos por obligación.

¡Qué pena! Asuntos municipales fundamentales de Santiago son manejados como locos sin que otrora fuerzas vivas actúen para enderezar entuertos del gobierno edilicio. ¡Ni hablar de residuos sólidos!