A más de siete meses de las elecciones, los partidos mayoritarios están enfrascados en una guerra de encuestas anticipada que perjudica el sano debate democrático y vislumbra feroz lucha en el mercado de votantes con armas non sanctas.

Tanto el Partido de la Liberación (PLD) como el Revolucionario (PRD) contribuyen a la pérdida de credibilidad de estudios de preferencia electoral como instrumento científico y arrastran al descrédito a las firmas paridoras de estas travesuras proselitistas. La presentación de resultados ficticios, en ocasiones tan inverosímiles que no admiten simple análisis, además de crear confusiones en la población, revela la pobreza moral de patrocinadores y promotores.

Sin dudas el escenario de la política moderna son los medios de comunicación que deben ser utilizados con responsabilidad tanto por actores políticos como por ejecutivos periodísticos para evitar el fraude o engaño al público con acciones contrarias a la ética.

Están en juego los valores profesionales de las encuestadoras versus el interés particular y de satisfacción de quienes pagan los estudios de preferencia, es decir, la ética enfrentada al negocio, en una sociedad en que la política se basa en clientelismo.

Con estas encuestas, partidos y candidatos tratan de influir en la percepción general para presentar ascensos y descensos en evidente contradicción a lo que expresa la gente del pueblo sobre simpatías políticas.

Es necesario el uso de las encuestas como instrumentos para análisis y planificación interna de partidos y candidatos, no como insumo para especulación y manipulación mediática en complicidad por omisión o comisión con medios y comunicadores bocinas.

La Junta Central Electoral (JCE), debe actuar frente al extemporáneo proselitismo y uso de medios para desinformar y distorsionar en violaciones legales fuera del período de campaña, lo que hace necesario la aprobación de la Ley General de Partidos.

Cada día es más urgente establecer y respetar, con atención la JCE, el tiempo real de campaña política y, en otro plano, el derecho del público a la información veraz, responsabilidad ética de la prensa.